2026-08-06.- Comunidades de Veracruz advierten que excluir Tampico-Misantla del fracking no repara décadas de contaminación ni los daños atribuidos a Pemex
Xalapa, Ver.— (AVC) La decisión del Gobierno federal de descartar nuevos proyectos de
extracción de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla representa un reconocimiento
de los riesgos ambientales y sociales del fracking. Sin embargo, para las comunidades del norte
de Veracruz, la medida llega después de décadas de contaminación, derrames, pérdida de
manantiales y afectaciones que continúan sin reparación.
Mientras el comité científico convocado por el Gobierno federal recomendó desarrollar pozos
piloto en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas, la cuenca Tampico-Misantla —que
abarca parte de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas— quedó fuera de esta etapa por
sus condiciones ambientales, demográficas y de disponibilidad de agua.
Para las organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, la exclusión de la
cuenca no equivale a una prohibición jurídica ni obliga a Petróleos Mexicanos a remediar los
daños registrados en las zonas petroleras de Veracruz.
“Después de un montón de años de lucha de las comunidades, hoy la ciencia y el Gobierno
reconocen que la cuenca Tampico-Misantla no debe destinarse a nuevos proyectos de gas no
convencional”, señaló.
Pero advirtió que esa decisión no debe borrar la situación que enfrentan cotidianamente las
localidades asentadas en la región petrolera.
“En el Totonacapan hemos señalado, documentado y denunciado contaminación de los ríos,
desaparición de manantiales, microsismos, derrames y emisiones de gas. También hay personas
que reportan dolores de cabeza, náuseas y otros problemas de salud”, afirmó.
Los señalamientos sobre enfermedades y síntomas corresponden a testimonios comunitarios.
Las organizaciones indicaron que todavía faltan estudios epidemiológicos independientes que
permitan determinar la relación entre los padecimientos y la exposición prolongada a emisiones o
contaminantes derivados de la actividad petrolera.
Para Bibiano, la discusión pública no puede limitarse a impedir nuevos proyectos de gas no
convencional mientras el Gobierno mantiene la extracción mediante pozos convencionales.
“No aceptamos que se nos diga que el problema en Tampico-Misantla se terminó. El problema no
termina mientras continúe este modo de extracción de hidrocarburos”, sostuvo.
La Alianza señala que la fracturación hidráulica también ha sido empleada en yacimientos
convencionales dentro de la cuenca, particularmente en Veracruz y Puebla. Por ello, exige que el
Gobierno precise si la exclusión anunciada incluye cualquier utilización futura de esta técnica o
únicamente los proyectos clasificados como gas no convencional.
Krem-1, la advertencia desde Las Choapas
El caso del pozo Krem-1, en Las Choapas, fue utilizado por las organizaciones como ejemplo de
los riesgos que subsisten incluso en las actividades convencionales de exploración.
El pozo permaneció fuera de control durante aproximadamente 150 días, con quema continua de
gas y emisiones sobre comunidades y terrenos agrícolas. Aunque Krem-1 no fue presentado
como un proyecto de fracking, Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, subrayó que se trataba
de un pozo convencional y exploratorio, precisamente el tipo de actividad que el Gobierno plantea
mantener.
“El pozo Krem fue un pozo convencional y de exploración, como lo que hoy dijeron que no
representaba riesgo. Ese pozo estuvo quemando durante 150 días”, señaló.
El señalamiento es relevante porque evita atribuir el accidente directamente al fracking, pero
expone las fallas institucionales que pueden presentarse en la perforación, supervisión y
respuesta ante una emergencia petrolera.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza, afirmó que la contingencia de Las Choapas se
prolongó durante cinco meses sin que hasta ahora exista información pública suficiente sobre un
plan integral de remediación, posibles sanciones a Pemex o la evaluación completa de los daños.
“Lo que vimos en Las Choapas fue un territorio contaminado sistemáticamente por Pemex
durante cinco meses, sin que exista un plan de remediación integral ni sanciones para la
empresa”, expresó.
En las comunidades cercanas al pozo, habitantes han denunciado daños en cultivos, pastizales,
árboles frutales y cuerpos de agua, además de irritación en ojos y garganta, dolores de cabeza,
náuseas y mareos. La determinación del impacto ambiental y sanitario dependerá de estudios
técnicos que deberán realizar las autoridades competentes.
Una protección sin garantía jurídica
Para las comunidades, la recomendación del comité científico no tiene el mismo alcance que una
prohibición establecida en la legislación.
Bibiano pidió garantizar jurídicamente que no se autorizarán nuevos proyectos de gas no
convencional en el Totonacapan y el resto de la cuenca Tampico-Misantla, pero también que el
Estado responda por los pasivos ambientales existentes.
“Exigimos que se garantice jurídicamente que no habrá nuevos proyectos de gas no convencional
en nuestra región y, además, que se reparen los daños que hemos vivido durante décadas”, dijo.
La demanda incluye la contaminación asociada con campos petroleros en municipios del norte de
Veracruz, donde las comunidades han documentado fugas, derrames, mecheros, afectaciones en
arroyos y pozos cerrados que continúan presentando emisiones.
Beatriz Olivera, de Engenera, informó que organizaciones y legisladores buscan instalar un grupo
de trabajo en la Cámara de Diputados para revisar la remediación de sitios contaminados por
hidrocarburos.
La propuesta surgió después de un recorrido realizado con diputados por zonas afectadas de
Papantla y Poza Rica.
“Algunos diputados se comprometieron a impulsar un grupo de trabajo desde el cual se pueda
llamar a cuentas a Pemex y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y empezar a trabajar
seriamente en la remediación de los sitios contaminados”, explicó.
Comunidades fuera de la decisión
Otro cuestionamiento se concentra en la integración del comité científico. Alejandra Jiménez
señaló que las comunidades potencialmente afectadas no participaron directamente en la
evaluación y que tampoco se incorporaron de manera suficiente perfiles especializados en salud
pública, derechos humanos y territorios indígenas.
“Solamente se consideró el punto de vista de la ciencia occidental y no los saberes de los
pueblos originarios que serían afectados. Eso era fundamental”, sostuvo.
Pablo Montaño también cuestionó el orden planteado para los proyectos piloto en el noreste del
país. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia, primero se exploraría la disponibilidad
de agua salina y posteriormente se consultarían los proyectos con las comunidades.
Para el especialista, iniciar trabajos exploratorios antes de consultar a la población contraviene el
principio de una consulta previa, libre e informada.
“Tendría que ocurrir primero la consulta, antes incluso de perforar un pozo para explorar agua
salina, porque esa exploración ya forma parte de la intención de desarrollar el proyecto”, explicó.
Una victoria parcial para Veracruz
Rogel del Rosal Valladares, integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca
Potosina, consideró que la exclusión de Tampico-Misantla fue resultado tanto de los argumentos
científicos como de la resistencia sostenida por comunidades indígenas y campesinas de
Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.
Recordó que en la región existen antecedentes de movilizaciones que lograron detener proyectos
energéticos y procesos de licitación. Sin embargo, advirtió que la presión sobre el territorio
continuará mientras existan recursos de hidrocarburos en el subsuelo.
“El peligro sigue existiendo. Mientras tengamos toda esta riqueza en el subsuelo, las ambiciones
van a continuar. Incluso con una prohibición, no es razón para dejar de trabajar en la defensa del
territorio”, afirmó.
La Alianza Mexicana contra el Fracking reconoció que dejar fuera a Tampico-Misantla evita, por
ahora, una nueva expansión de pozos no convencionales en Veracruz. No obstante, sostiene que
blindar una cuenca no basta cuando los daños anteriores permanecen sin reparación, la
fracturación hidráulica no está prohibida en todo el país y la extracción convencional continúa sin
garantías suficientes de vigilancia y respuesta.
Fuente: AVC Noticias
Blindar Tampico-Misantla no repara décadas de daño petrolero en Veracruz: comunidades – AVC Noticias
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