Bertín y Raúl, camino al patíbulo
Luis Alberto Romero
Unas horas después de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano acudiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar protección para los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste y denunciar una supuesta persecución política, el Congreso de Veracruz declaró procedente el inicio de los procedimientos de desafuero contra los ediles de esos municipios, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez.
Este miércoles, el Pleno del Congreso local se constituyó en Jurado de Procedencia para analizar ambos casos, conforme a lo establecido en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado. Posteriormente, fueron presentadas las conclusiones de la Comisión Permanente Instructora, órgano encargado de conducir el procedimiento y de desahogar las audiencias de pruebas y alegatos entre los involucrados y la Fiscalía General del Estado.
Previamente, Bravo Montero y González Martínez ejercieron su derecho de audiencia y presentaron sus alegatos ante la Legislatura.
Ambos fueron electos para un periodo de cuatro años, pero apenas habían cumplido siete meses en el cargo.
Como parte del procedimiento y en cumplimiento de las garantías de audiencia, los presidentes municipales tuvieron la oportunidad de exponer, por separado, los argumentos que consideró pertinentes para su defensa.
La Constitución Política del Estado faculta al Congreso para determinar si procede o no retirar la inmunidad procesal a servidores públicos acusados de la probable comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo, atribución que también aplica a las y los presidentes municipales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputado Esteban Bautista Hernández, aclaró que la Legislatura únicamente retiró el fuero a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, pero en ningún momento los declaró culpables de los delitos que se les imputan, ya que esa determinación corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.
El proceso penal por los presuntos delitos de desaparición de personas, secuestro y homicidio continuará su curso en la Fiscalía General del Estado y, en su momento, en los juzgados competentes. Sin la protección del fuero, ambos exediles deberán responder ante las instancias de procuración e impartición de justicia como cualquier otro ciudadano sujeto a una investigación penal.
Mientras tanto, Movimiento Ciudadano mantiene la narrativa de una supuesta persecución política contra sus alcaldes. En respuesta, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha rechazado que exista un móvil político en estos casos y ha negado que la procuración de justicia se utilice para perseguir a opositores.
La gobernadora Rocío Nahle García fue cuestionada por medios locales sobre la denuncia presentada por Jorge Álvarez Máynez; la mandataria respondió que en Veracruz nadie es perseguido por su militancia partidista y sostuvo que los casos de Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez corresponden exclusivamente al ámbito de la Fiscalía General del Estado. Además, calificó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano como un «simulador profesional».
Lo cierto es que los ahora exalcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste se sumaron a una larga lista de personajes a quienes el Congreso de Veracruz ha retirado la inmunidad procesal; entre ellos se encuentran el exalcalde de Medellín de Bravo, Omar «N», señalado como presunto implicado en el homicidio del comunicador Moisés Sánchez Cerezo, en 2015; el exedil de Coxquihui, Reveriano «N», acusado de presuntamente encabezar una organización criminal en la sierra del Totonacapan; el exalcalde de Chinameca, Martín «N», investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada; la exalcaldesa de Alvarado, Sara «N», por homicidio; y el expresidente municipal de Coatepec, Roberto «N», entre otros casos.
@luisromero85
Fuente: Hora Cero
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