El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó este jueves el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al calificarlo de tendencioso, parcial y carente de rigor jurídico.
El documento omite que la crisis de desapariciones en México se originó y escaló durante los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo al que corresponde la abrumadora mayoría de los hechos analizados, y generaliza esa realidad hacia la administración actual sin sustento.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, aclaró la Federación en un comunicado.
La principal inconsistencia jurídica del informe la señala el propio CED de la ONU: en los párrafos 117 y 118 de su resolución, el Comité reconoce expresamente que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, por acción u omisión.
Pese a ello, el organismo activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención, diseñado precisamente para contextos donde el Estado comete desapariciones de forma sistemática y se niega a cooperar, condición que el propio Comité descarta en el caso mexicano. Segob y SRE señalaron además conflictos de interés en al menos un integrante del CED, quien habría colaborado con organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El informe circunscribe su análisis a cuatro entidades —Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz— y a hechos ocurridos principalmente entre 2009 y 2017, pero extiende sus conclusiones al conjunto del país y a la administración vigente sin distinguir contextos ni periodos.
El gobierno señaló que el CED rechazó incorporar la información actualizada presentada por México el pasado 27 de marzo, lo que refuerza el señalamiento de sesgo. En cifras, el organismo reporta 819 acciones urgentes acumuladas entre 2012 y febrero de 2026, el 38% del total global de casos, un dato que refleja en su mayor parte la herencia institucional de gobiernos anteriores.
Frente a ese contexto, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum documentó una transformación estructural en la materia: en julio de 2025 se aprobaron reformas legislativas que incluyen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la obligación de abrir carpeta de investigación desde el primer reporte, elaboradas en coordinación con colectivos de familiares. México reafirmó su apertura a la cooperación técnica internacional, pero rechazó que esta se sustente en premisas que no corresponden a su realidad actual.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, reiteró el comunicado conjunto de Segob y SRE.
Fuente: Polemón
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