«2026, Año de Margarita Maza Parada»
LXVI Legislatura. “Soberanía y Justicia Social”
Boletín No. 4028
La Comisión de Movilidad aprobó un dictamen que incluye en el artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el concepto de “mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero”, como parte de las atribuciones de las entidades federativas para expedir las normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos motorizados que cuenten con registro local.
De esta forma el artículo establece que corresponde a las entidades federativas expedir normas y lineamientos que deberán cumplir los vehículos motorizados registrados en su territorio, en materia de protección del medio ambiente y “mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la legislación aplicable”.
La reforma a la fracción XV del artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, avalada en esa instancia, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), busca fortalecer las atribuciones de las entidades federativas sobre medio ambiente.
Al respecto, la diputada Mercado Castro señaló que el cambio climático representa un desafío con impactos directos en el medio ambiente, la salud, la economía y la infraestructura, y destacó que el sector transporte es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes.
Precisó que, aunque la iniciativa original contemplaba la posibilidad de establecer gravámenes a los vehículos motorizados para financiar proyectos ambientales, la Comisión determinó que las facultades tributarias corresponden exclusivamente a las legislaturas estatales.
Por ello, el dictamen conserva el objetivo ambiental de la propuesta y fortalece expresamente las atribuciones de las entidades federativas para emitir disposiciones orientadas a reducir las emisiones y promover una movilidad más sustentable.
A su vez, el diputado Luis Fernando Vilchis Contreras, del PT, expresó su respaldo a la iniciativa al considerar que contribuye a fortalecer las políticas ambientales y a la construcción de marcos normativos que favorezcan el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, reconoció la importancia de impulsar propuestas que generen condiciones más armónicas para atender los retos en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado José Luis Montalvo Luna reconoció la intención de la iniciativa que busca atender una problemática relevante como el cambio climático y generar alternativas para fortalecer las acciones de protección ambiental. Agregó que la propuesta mantiene la discusión sobre la necesidad de impulsar mecanismos que contribuyan a enfrentar los desafíos ambientales y mejorar las condiciones para la población.
La Comisión también aprobó el dictamen para armonizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el texto vigente de la Constitución, “ya que la referencia actual al artículo 4° constitucional quedó desactualizada tras diversas reformas para reconocer el derecho fundamental a la movilidad y sus condiciones”.
La presidenta de la Comisión indicó que la modificación permitirá identificar de manera correcta el derecho a la movilidad y sus siete condiciones, brindando mayor claridad y certeza jurídica. Destacó que, aunque se trata de un ajuste técnico, es una reforma importante para mantener la congruencia entre la ley y la Constitución Política.
Dictamen desechado
Las y los integrantes de la Comisión avalaron el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que buscaba fortalecer los estudios de evaluación de impacto en la movilidad y la seguridad vial, incorporando nuevos criterios, procedimientos y plazos para su autorización, con el objetivo de garantizar proyectos alineados con el desarrollo sostenible y el derecho a la movilidad.
La diputada Mercado Castro explicó que los elementos planteados ya se encuentran previstos en la legislación vigente y que aspectos como procedimientos y plazos corresponden al ámbito reglamentario y a las facultades de estados y municipios, por lo que su incorporación en la ley general generaría duplicidades normativas e invadiría competencias locales.
Fuente: Cámara de Diputados
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